EAJ-PNV ha reclamado considerar como infracción grave participar en concentraciones contrarias a la interrupción voluntaria de embarazos a menos de 150 metros de lugares habilitados para esta práctica. En la Comisión de Justicia del Senado, Imanol Landa ha defendido que la Proposición de Ley Orgánica para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a estas clínicas incluya, además del delito de acoso a las mujeres y al personal de las clínicas, habilitar una nueva infracción en la ley de protección de seguridad ciudadana, que se basaría en el establecimiento de “zonas de seguridad” con el objetivo de “proteger de conductas acosadoras y garantizar la intimidad y privacidad de las mujeres, así como su derecho a la libre circulación”, además de “salvaguardar igualmente al personal facultativo y directivo”.

En el texto aprobado en el Congreso, el Grupo Parlamentario Vasco ya logró que las mujeres y el personal de los centros que sufren estos acosos no fueran los únicos legitimados para interponer denuncia para que se active el procedimiento penal, al configurarlo como como delito público, y así extender a la sociedad la responsabilidad y la oportunidad de actuar ante estas situaciones. En el Senado, Imanol Landa defenderá en el Pleno esta medida contra las conductas acosadoras, dado que la propuesta jeltzale ni fue integrada en el Congreso ni lo ha sido hoy en la ponencia de la Proposición de ley. Tal y como ha evidenciado el senador de EAJ-PNV, una vez que se promulgan las leyes que regulan y establecen derechos, “el Estado de Derecho debe garantizar su libre ejercicio sin perturbaciones, intimidaciones, hostigamientos y acosos. No cabe, de ninguna de las maneras, apelar a la libertad de expresión para condicionar y perturbar, mediante conductas acosadoras, el libre ejercicio de los derechos reconocidos por ley”.

La propuesta de la formación jeltzale ostenta un carácter administrativo, complementario al tipo penal, y habilita un nuevo instrumento legal de disuasión y, en su caso, sanción para hacer frente a estas conductas. Se trata de una medida que posibilitaría una respuesta eficaz ante estos inadmisibles acosos que ya está regulada y aplicada en países de nuestro entorno.