En la Sesión de Control de hoy en el Senado la portavoz de la Comisión de Interior, Almudena Otaola, ha reiterado al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las interferencias que generan en el día a día de trabajadores y trabajadoras los cierres unilaterales adoptados por el Gobierno francés en su frontera con el estado español. Otaola ha subrayado que esta decisión adoptada por Francia afecta también en “las actividades socioeconómicas, de ocio, culturales y deportivas que realizan las familias” y ha aportado que estos casos suponen un 80% de la población que vive en municipios que se ven afectados por la muga. 

La jeltzale ha lamentado que tras la cumbre celebrada durante el pasado mes de marzo entre el presidente Macron y Pedro Sánchez no se hayan dado pasos adelante para solucionar este problema y reprocha Francia que se escude en la lucha antiterrorista y el control de la inmigración ilegal. 

La senadora ha recordado al ministro sus palabras en una pregunta oral realizada con anterioridad por este mismo grupo acerca del cierre de pasos fronterizos el pasado año donde reconocía que la libre circulación “es un principio identitario de la Unión Europea” para todos los ciudadanos que formen parte del espacio Schengen. Ante esto, Otaola ha pedido a Marlaska conocer cuál ha sido la respuesta del Gobierno francés ante la solicitud de España de abrir estos pasos.

Una vez más, el Grupo Vasco ha expresado su preocupación porque estas decisiones afecten a vecinos y vecinas que son parte de “una nación dividida entre dos estados” y ha considerado “injustificados” el cierre de estos pasos fronterizos.

En una segunda pregunta oral realizada por la portavoz de la Comisión de Igualdad, Maria Dolores Etxano, ha solicitado a la Ministra de Igualdad establecer criterios más “ambiciosos” que valoren las medidas de tipo “preventivo” con las que cuente cada uno de los ayuntamientos que emplee los fondos del pacto de estado contra la violencia de género.

Actualmente, los consistorios reciben fondos provenientes de la dotación presupuestaria para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Cada ayuntamiento recibe una partida fija además de una aportación en función de su número de población. El remanente existente, se distribuye entre los municipios incorporados al Sistema VioGen, del Ministerio del Interior, o entre aquellos que tengan usuarias registradas en el servicio telefónico ATENPRO.

Etxano ha considerado que estos criterios de reparto deberían ser “más complejos” conociendo el grado de cumplimiento del pacto de estado a través de informes que detallen las actuaciones llevadas a cabo y los recursos destinados. Asimismo, opina estos criterios deberían “valorar más los proyectos que logren el objetivo de prevención, atención, respuesta, protección y reparación” y no en criterios “puramente policiales”.

La senadora ha expresado que servicios como mesas de coordinación local, protocolos de atención o de nuevas masculinidades, proyectos municipales de reparación de víctimas o la contratación de personal técnico de igualdad serían criterios más adecuados para el reparto de estas dotaciones económicas.