Sala de Prensa
09/12/2020
EAJ-PNV defiende la implantación del salario mínimo europeo
Para el senador Luke Uribe-Etxebarria, “unos salarios adecuados son un componente esencial del modelo de la economía social de mercado de la UE”.
El senador de EAJ-PNV, Luke Uribe-Etxebarria, ha defendido, en el transcurso de la reunión de la Comisión Mixta para la UE celebrada hoy, que “es esencial la implantación del salario mínimo europeo”, con el fin de “asegurar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, así como de construir unas economías y sociedades justas y resilientes, para alcanzar así una prosperidad compartida en la Unión Europea”.
Uribe-Etxebarria, ponente en las Cortes del Informe sobre la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre el salario mínimo europeo, ha considerado que “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en particular gracias a unos salarios mínimos adecuados, beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas de la Unión” porque “contribuye a mejorar la equidad del mercado laboral de la UE, a estimular la mejora de la productividad y a promover el progreso económico y social”. “La competencia en el mercado único -ha subrayado- debe basarse en la innovación y en la mejora de la productividad, así como en unos estándares sociales elevados”.
El senador jeltzale ha explicado que “si los salarios mínimos se fijan en cuantías adecuadas, su protección garantiza una vida digna a los trabajadores europeos, dondequiera que trabajen en la Unión, ayuda a sostener la demanda interna, refuerza los incentivos al trabajo y reduce tanto la pobreza de los ocupados, como la desigualdad en el tramo inferior de la distribución salarial”. Asimismo, ha destacado que “la protección del salario mínimo también contribuye a la igualdad de género, ya que más mujeres que hombres perciben sueldos que se encuentran en torno al salario mínimo”.
Finalmente, Uribe-Etxebarria ha señalado que el establecimiento de un salario mínimo europeo adecuado, “con arreglo a las prácticas en cada Estado y respetando la autonomía de los interlocutores sociales”, supondría “cumplir la promesa europea de prosperidad, progreso y convergencia, y hacer de la Europa social una realidad para todos”.
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