El nuevo subsidio para parados de larga duración es incompatible con quienes perciban otras prestaciones sociales, por lo que, habida cuenta de que en las citadas Comunidades existen la Renta de Garantía de Ingresos, en el caso de la CAV, y la Renta de Inserción Social, en el caso de Navarra, que ofrecen prestaciones más beneficiosas, en la práctica, el programa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social no alcanzaría a estas comunidades, ya que, lógicamente, los desempleados se inclinarían por las anteriores. De hecho, las ayudas estatales son de 426 euros, mientras que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca tienen una dotación mínima de 616,13 euros.

Por ello, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado interpelará en el pleno de la semana que viene a la ministra Fátima Báñez acerca de la naturaleza jurídica, alcance y fundamento competencial del Programa, y reclamará al Ministerio la obtención de las cantidades que corresponderían a cada comunidad para que éstas las puedan administrar de otra manera. Asimismo, recordará al Gobierno español que debería haber negociado con las comunidades autónomas la gestión de esta nueva asistencia.

El Grupo Parlamentario Vasco considera que en la tramitación de este Real Decreto-Ley, convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado día 20 de enero, no se ha agotado el debate en torno a su naturaleza jurídica. “Es la base para establecer no sólo la adecuación competencial de dicha norma sino también el alcance de dicho Programa en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra”, ha señalado la portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Rut Martínez. En el texto presentado ya a la Mesa del Senado, los jeltzales aseguran que “pretendemos traer a esta Cámara con vocación de representación territorial un debate que nos ha sido sustraído una vez más por el abuso que hace el Gobierno de sus prerrogativas para legislar mediante la figura urgente y extraordinaria del Real Decreto-Ley”.