EAJ-PNV y los grupos de la oposición en la Cámara Alta sostienen que la ley supone la supresión del ejercicio de la jurisdicción universal y afirman que “es especialmente grave y significativa en lo referido a los delitos de Derecho penal internacional, algo que no hace sino poner de manifiesto la marcada intencionalidad política de la reforma”.

Las consecuencias de una tramitación legislativa tan precipitada las podemos ver estos días en los que estamos asistiendo a la excarcelación de traficantes generando una gran preocupación en el conjunto de la sociedad. Un texto legislativo deficiente que está causando gran confusión entre los operadores jurídicos que lo tienen que gestionar.

Según ha indicado el portavoz jeltzale en el Senado, Jokin Bildarratz, “la premeditada voluntad del Partido Popular de evitar los preceptivos informes tanto del Consejo del Estado, como del Consejo General del Poder Judicial o Fiscalía General del Estado ha dado como fruto un texto legislativo deficiente que está causando gran confusión entre los operadores jurídicos que lo tienen que gestionar”.