En la sesión de control celebrada hoy por la mañana en el Senado, el portavoz del PNV en la Comisión de Agricultura y Pesca, Víctor Bravo, ha preguntado a la ministra Elena Espinosa sobre las ayudas previstas por el Gobierno a los pescadores del Cantábrico ante el cierre “inminente y necesario” de la pesquería de la anchoa.

La titular de Agricultura y Pesca ha afirmado que “ya han iniciado la elaboración de la correspondiente norma para la concesión de ayudas a la flota afectada”, aunque también ha especificado que la indemnización no será igual para todos.

Bravo, sin embargo, ha vuelto ha incidir sobre la cuestión, y ha exigido información exacta sobre las indemnizaciones a las que debe hacer frente el Gobierno del Estado; para su defensa, el senador se ha amparado en el artículo 1902 del Código Civil, donde se dice que “el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Igualmente, ha incidido en la responsabilidad patrimonial de la Administración por su “mal funcionamiento”.

En su intervención, Víctor Bravo ha mostrado su malestar por las informaciones que ha venido recibiendo el sector en los últimos meses; según el senador jeltzale, mientras que las autoridades europeas aseguraban que la apertura del caladero el pasado mes de diciembre obedecía a las presiones de Francia y España, ambos países aseguraron que la decisión estaba avalada por la Comisión Europea.

Recordemos que el 22 de junio del año pasado, ante los alarmantes datos que mostraban el descenso de la biomasa de la especie, la Comisión Europea decretó el cierre de la pesquería en el caladero del Golfo de Bizkaia. En diciembre, sin embargo, tanto el Gobierno español como el francés decidieron levantar la veda en contra de los criterios de los pescadores, los científicos, ecologistas y el Ejecutivo de Vitoria. Ambos gobiernos establecieron un límite de 5000 toneladas ( 4500 para la flota española y 500 para la francesa, en virtud del Acuerdo de Arcachón).