La senadora de EAJ-PNV, María Dolores Etxano, ha apremiado al ministro de Hacienda a tramitar la norma que permita a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Diputaciones Forales a utilizar el superávit de 2025 para llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. En el estreno del ministro Arcadi España en la sesión de control del Senado, Etxano le ha reclamado que el Gobierno español “haga lo que ya hizo en diciembre”, refiriéndose al Real Decreto-Ley 15/2025 por el que resolvió el superávit de 2024, y en cuyo preámbulo el Ejecutivo reconocía la necesidad de actuar también sobre el superávit de 2025. “El argumento de urgencia y necesidad lo escribió su propio Gobierno. Solo tiene que aplicarlo. Las Administraciones que mejor han gestionado no pueden seguir esperando para usar sus propios recursos”, ha urgido.

Anteponiendo lo urgente, Etxano ha pedido trasponer a la legislación del Estado las medidas del nuevo marco fiscal europeo de 2024, que protege expresamente la capacidad inversora de las administraciones y articula la supervisión mediante planes a medio plazo, que reconoce que no todas las situaciones fiscales de partida son iguales. “Una directiva que debería estar ya traspuesta, el plazo finalizó en diciembre de 2025. Deberían trasponerla y rediseñar la regla de gasto de cómputo anual y pasar a la supervisión a medio plazo y a soluciones estructurales para el uso de remanentes”, ha señalado. “La previsibilidad también es política fiscal; necesitamos soluciones estructurales, también para los superávits, porque las administraciones deben saber que pueden contar con sus propios recursos, no esperar a la norma de cada año o a la voluntad del gobierno en cada ejercicio”.

Así, ha criticado que “el Estado sigue aplicando de forma rígida” la LOEPSF de 2012. “Una norma obsoleta pensada en el dogma de la estabilidad, que no compartimos, y que establece una regla general del destino del superávit que en la práctica impide su utilización con una regla de gasto de talla única y cómputo anual que no distingue entre una Administración endeudada y otra saneada”. Esta regla, tal y como ha señalado, “la incumplen la mayoría de las administraciones si quieren garantizar, como el caso de Euskadi, los servicios públicos”. La senadora abertzale ha censurado que, además, limita la autonomía presupuestaria precisamente de quienes han gestionado con responsabilidad, y no reconoce sistemas de financiación diferenciados como el Concierto vasco y el Convenio navarro.

Asimismo, ha censurado que la Airef exija informes previos habilitantes para usar esos recursos, algo que no contemplan ni el marco europeo ni las normas forales. “Los remanentes son ahorro. La autonomía de las Administraciones Públicas no puede estar sujeta a tutelas desproporcionadas, además de que introduce una asimetría difícilmente justificable al exigirlo a comunidades autónomas y entidades locales, y no a la Administración General del Estado”.