EAJ-PNV, Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, Junts per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Compromís, Geroa Bai e Ibiza y Formentera, han registrado una propuesta alternativa de Reforma del Reglamento del Senado, con el objetivo de garantizar la utilización plena y normalizada del euskera, catalán, el occitano (aranés a la Vall d’Aran) y galego en la actividad de la Cámara alta. La modificación se presenta de acuerdo con el artículo 196 del Reglamento del Senado y el artículo 72.1 de la Constitución Española.

Las organizaciones políticas de territorios con lenguas diferentes del español con representación en la Cámara coinciden en la necesidad “de impulsar las reformas reglamentarias en el Senado con el fin de garantizar definitivamente el derecho de las y los representantes públicos a realizar su labor parlamentaria en todas las lenguas oficiales del Estado”.

El objetivo de la Reforma del Reglamento que se propone como texto alternativo al presentado por el Partido Popular, tiene como objetivo “corregir la grave vulneración de derechos” que supone la prohibición del uso del euskera, el catalán y el galego en el Senado, y, a la vez, “conseguir el normal y pleno desempeño de las y los representantes públicos en la Cámara de representación territorial”, junto con la promoción de la riqueza derivada de la pluralidad lingüística, así como que las instituciones respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Entre las modificaciones que recoge la Reforma, se incluye que “los senadores y senadoras podrán intervenir en el Pleno, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria, en los órganos funcionales del Senado, así como en todos sus órganos rectores, y en los actos y actividades de representación oficial en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.

En esta misma línea, “cualquier senador o senadora tendrá derecho a interpelar al Gobierno en cualquiera de las lenguas oficiales, así como a formular al Gobierno preguntas -mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara-, y a recibir la respuesta correspondiente a las preguntas de contestación escrita dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, en la lengua en que se hayan formulado estas preguntas escritas”.